El segundo NO

El retraso académico continuaba en el aprendizaje de Isabella y en marzo del 2016 su madre volvió a hablar con su maestra. En esta ocasión, la escuela convocó a una junta para hablar sobre la posibilidad de retener a la niña en segundo año y volver a cursar ese grado. Andrea y Eliasib, sus padres, no creían necesaria tal medida debido a que aún había tiempo. “El año escolar aún no terminaba y existía la posibilidad de llevarla a la escuela de verano para que se nivelara”, dice Eliasib Peña, padre de Isabella.

La madre explica que pocos días antes de la junta volvió a hablar con la maestra quien reiteró que no consideraba necesario un Plan 504. “Durante la junta volvimos a mencionar esta medida, pero la directora, Sara Nelson, dijo que por las ausencias que había tenido no nos podían aprobar esta ayuda”.

La ley estipula que si un padre solicita por escrito una evaluación de su hijo, la escuela debe proveerla y, de acuerdo a los resultados, también deben ofrecer las facilidades necesarias.

Al escuchar la historia que narra la familia Peña, queda claro que la escuela no incumplió con la ley debido a que no existía una solicitud escrita, pero el deber moral de las autoridades escolares y docentes era ofrecer de inmediato la información y orientación para que la madre conociera sus derechos y pudiera aplicarlos de la forma debida.

La tercera falla

Luego de la junta con el personal administrativo de la escuela, la familia Peña llevó a la niña a una evaluación médica. La pediatra Stephanie Key firmó el diagnóstico en el que se descubrió su ADHD y recomendó la aplicación de un Plan 504, además de someter a la pequeña a una evaluación neuropsicológica. Con esta solicitud escrita, la escuela aceptó implementar el Plan 504, que incluía, entre otras cosas, sesiones de lectura individuales, darle más tiempo para que completara sus asignaciones y evitar distracciones en el salón de clases.

“En mayo nos reunimos para firmar el Plan y en esa junta le comenté a la maestra que había consultado con más de cien doctores de Austin, San Antonio, Houston y Dallas para saber si podían hacer la evaluación neuropsicológica bilingüe y si aceptaban nuestro seguro médico. La directora no habla español por lo que le preguntó a la maestra qué estábamos hablando; la maestra tradujo lo que yo decía pero ninguna de las dos se ofreció a ayudarme”, cuenta Andrea Peña, quien luego descubrió que los distritos escolares ofrecen estas evaluaciones siempre que el padre o madre de familia las solicita por escrito.

Debido a la falta de información, no fue sino hasta octubre del 2016 cuando finalmente logró que la escuela la ayudara a practicar la evaluación, pero los resultados indicaron que Isabella no tenía ningún tipo de necesidad especial. “No nos conformamos con esos resultados y solicitamos una evaluación privada. Los resultados preliminares indican que Isabella tiene dislexia, pero estamos a la espera del informe detallado”.