Según un estudio del Centro para el Progreso Americano (CAP), Texas, la entidad que encabezó la demanda de los 26 Estados de la Unión contra la total implantación de la acción ejecutiva presidencial de los programas DACA extendido y DAPA (para los padres de los jóvenes estudiantes indocumentados), lidera la lista de los estados que perderán varios miles de millones de dólares si la Corte Suprema falla contra la vigencia de esos programas.

El reporte del CAP indica que, a nivel nacional, la economía estadounidense crecería en 230 mil millones de dólares en una década si la Corte Suprema permite que cinco millones de indocumentados obtengan una autorización temporal de empleo.

En conjunto, 18 de los 26 estados demandantes pueden llegar a perder un estimado de 91,900 millones de dólares en aumento al Producto Interno Bruto (PIB) en una década si el máximo tribunal de justicia no libera la traba impuesta por ellos.

El informe del CAP también advierte que los residentes de los 26 estados demandantes pueden dejar de percibir 48,400 millones de dólares por incremento de ingresos que se generarían al liberarse el beneficio, y que a nivel nacional las ganancias se incrementarían en unos 124 mil millones de dólares.

El CAP también estima que la implementación de los programas DAPA y DACA extendido elevaría los ingresos de los residentes de los estados demandantes por más de 48,400 millones de dólares. Pero si la Corte Suprema no quita las restricciones, los 26 estados demandantes pueden llegar a perder casi 272 millones de dólares cada año por concepto de ingresos fiscales estatales y locales. El informe del CAP también señala que la total implantación de la acción ejecutiva aumentaría anualmente las contribuciones de impuestos estatales y locales en 805 millones de dólares, y que ellos 271 millones de dólares irían a las arcas de los estados demandantes. AGENCIAS