El derecho internacional prohíbe detener a solicitantes de asilo, excepto como último recurso y únicamente por motivos excepcionales, como la posibilidad de riesgo para la población. La detención familiar es una medida incompatible con estándares internacionales, en particular el principio fundamental de que el ‘interés superior del menor’ debería ser el parámetro de todas las acciones gubernamentales con respecto a menores. En vez de detener a familias con hijos, el Gobierno Federal debería establecer un sistema de supervisión en el ámbito de la comunidad u otras alternativas a la detención, según resulten necesarias, que permitan a las familias salir del sistema de custodia mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo.