El Departamento de Justicia debe presentar una moción que impida a los estados que demandaron la acción ejecutiva revisar documentos relacionados con la entrega de permisos de trabajo a 108,081 ‘Dreamers’ protegidos por una Acción Diferida vigente desde el 2012 (DACA) que habían renovado sus autorizaciones. Si hay un cambio en el estatus del fallo (que actualmente está suspendido), USCIS consultará con el Departamento de Justicia para determinar cuál será el rumbo de acción adecuada.