La fuerte caída del precio del petróleo durante los últimos meses ha supuesto un inesperado contratiempo en los planes del gobierno mexicano. La reforma energética, el proyecto bandera del sexenio del presidente Peña Nieto, ha entrado este año en su fase crucial con la presentación de las licitaciones de yacimientos petrolíferos a las empresas privadas.

La caída llega en el peor momento, en plena fase de negociaciones para adjudicar los contratos. En julio se conocerán los primeros resultados, correspondientes al reparto de los pozos en aguas de menos de 500 metros (aguas someras). Se trata de 14 áreas frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de fácil perforación y sin conflictos sobre la propiedad de los yacimientos.

El temor a una desbandada de los inversores ha provocado que el gobierno se plantee retrasar su lanzamiento al mercado hasta que el precio del crudo se recupere. A pesar de eso la agenda sigue adelante sin retoques y grandes compañías como Shell, Chevron y Exxon han abierto la veda y pelean ya por los primeros pozos petrolíferos.

La disminución del precio como de la producción de petróleo, que supone el 30 por ciento de los ingresos del Estado mexicano, está impactando ya en la cuadratura de las cuentas públicas. En un entorno, además, de débil crecimiento económico, el gobierno ha anunciado que no descarta recortar el gasto público para el año que viene. AGENCIAS