Desde el pasado 20 de noviembre del 2014, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ordenó a los fiscales que representan al Gobierno Federal en las cortes de inmigración que prioricen las deportaciones de cualquier inmigrante que represente un peligro para la sociedad (especialmente aquellos con récord criminal). Esta acción es conocida como ‘discreción fiscal’ (PD) o ‘congelamiento’ del caso.

Respecto de la ‘discreción fiscal’, Jeh Johnson, secretario del DHS, fue tajante: debido a que no hay recursos para procesar la deportación de todos los indocumentados, obtener este beneficio migratorio es una posibilidad real. Es importante tener presente que la ‘discreción fiscal’ es una opción factible sólo para los indocumentados que no tengan antecedentes criminales y que puedan demostrar buena conducta.

Las personas que no pueden obtener la ‘discreción fiscal’ son quienes han cumplido condena por delitos cometidos en territorio estadounidense; quienes se sospecha entraron al país para cometer delitos; o quienes tienen lazos con organizaciones terroristas. En teoría, todos los demás inmigrantes con buena conducta moral califican.

Según los especialistas, la ‘discreción fiscal’ es favorable para los indocumentados que puedan calificar para ella porque obtendrán un permiso de trabajo y un número de Seguro Social; podrán permanecer en el país indefinidamente; tendrán la posibilidad de ‘congelar’ sus casos sin importar su nacionalidad y los podrán reabrir si ocurre algún cambio en su estatus legal.

Por otra parte, acogerse a este beneficio coloca a la persona en un limbo legal indefinido sin un camino a la residencia permanente o a la ciudadanía estadounidense y se pone a merced del DHS, que puede reabrir su caso en cualquier momento (especialmente si la persona comete un delito).