Mucha gente no lo sabe, pero en este país, el policía que interviene tu coche por una infracción de tránsito, además de pedirnos la licencia y la prueba de seguro del coche, también puede hacernos la pregunta: ‘¿Cuánto dinero en efectivo lleva en el vehículo?’, si lo cree pertinente.

Si hace la pregunta, la ley lo faculta para quedarse con cualquiera sea la cantidad de dinero que tenga en ese momento. Esta acción se llama ‘confiscación civil’ y para ejercerla no hace falta que el conductor haya cometido delito alguno. Para justificar la confiscación, los agentes tan sólo deben demostrar que existe una ‘duda razonable’ sobre la legalidad de las actividades de los dueños de esos bienes o sobre su procedencia. Dinero en efectivo, teléfonos, computadoras y hasta bienes raíces pueden quedar en manos de la policía, en algunos casos sin siquiera una orden de respaldo por parte de un tribunal.

La ‘confiscación civil’ es una acción legal, amparada por una polémica interpretación de una normativa federal aprobada en 1984 con el fin original de combatir el narcotráfico y otros bienes productos de fraude.

Por la manera como ha sido usada en algunas agencias locales, ha sido calificada por sus críticos como una sensacional fuente de ingresos para algunos cuerpos policiales, ya que si el ciudadano carece de recursos para contratar un abogado y litigar, sus bienes acabarán engrosando las arcas del departamento de policía al que pertenece el agente, y con ese dinero, su dinero, podrán comprar armas, autos o uniformes. La ley lo permite. El problema es que la mayoría de los afectados son personas de pocos recursos.

Los Estados de la Unión y hasta los condados pueden tener leyes específicas para la ‘confiscación civil’, pero también pueden usar la normativa federal para justificar un decomiso. Bajo el Programa Federal de Reparto Equitativo, que regula esas operaciones, las policías locales se quedan con hasta el 80 por ciento de lo que se incauta con el fin de ‘financiar el combate contra el crimen’. Algunos departamentos de policía han destacado por su agresiva aplicación de la ‘confiscación civil’.

Aunque ha sido útil en el manejo de bienes productos del narcotráfico o en delitos sofisticados, los activistas que se oponen a la ‘confiscación civil’ creen que esta opción se convirtió en un ‘incentivo perverso’.

Es difícil refutar que la mayor parte de lo confiscado se invierte en renovar la flota de patrulleros, mejorar el equipamiento policial o hasta hacer mejoras en las oficinas de los departamentos de policía; sin embargo, si debe existir la ‘confiscación civil’, el dinero debería ir a una cuenta general o fondo neutral, no directamente a quienes están en la calle aplicando la ley. AGENCIAS