Según una denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), a pesar que la ley da derechos a todo detenido, en 2013 los agentes de Inmigración deportaron a más de 363 mil personas sin que tuvieran audiencia ante un juez. ACLU destaca que ocho de cada diez personas deportadas en 2013 no tuvieron la oportunidad de argumentar sus casos ante un juez. “En el sistema actual, los detenidos están sujetos al capricho y misericordia de los agentes de Inmigración, quienes juegan el papel de fiscal, juez y deportador”, declaró Sarah Meta, autora del informe.

Los más de 40 mil agentes de Inmigración implicados en deportaciones sumarias no tienen ni los conocimientos ni la capacitación para determinar los derechos o la validez de los casos, según ACLU, que urgió mejoras a la capacitación de esos agentes y que se restrinjan las deportaciones sumarias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechaza las críticas y asegura que respeta el derecho al debido proceso. Las autoridades han expulsado incluso a ciudadanos estadounidenses.

Por lo general, las personas deportadas no pueden reingresar a Estados Unidos por un período de al menos cinco años o de por vida, dependiendo de su caso particular. Una vez deportadas es casi imposible que las autoridades puedan revertir la orden. Antes de 1996, la mayoría de las personas en vías de deportación tenía derecho a acudir a un tribunal de Inmigración. Eso cambió, y ha permitido errores y abuso de sus derechos. AGENCIAS