La acción diferida es un ‘examen’ para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
Al anunciarse (finalmente) las regulaciones del proceso que permitirá que hasta 1.4 millones de soñadores (o ‘dreamers’) obtengan un alivio temporal de la deportación, se inicia una prueba de fuego no sólo para los jóvenes que solicitarán el amparo sino para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que controlará el proceso y para la dependencia regidora, el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Tras el fiasco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al aplicar la política de la discrecionalidad procesal para centrar las deportaciones en verdaderos criminales, mucho se especula sobre la necesidad de que de una vez y por todas, algo se implemente eficientemente.
Al ‘pasar revista’, la lista de decepciones es larga. La ampliación de controversiales programas de colaboración con policías locales y estatales, como la Sección 287(g) y ‘Comunidades Seguras’, llenaron las filas de deportados, algunos justificados, aunque mayormente se ha tratado de una buena porción de padres y madres de familia.
Los efectos han sido devastadores no sólo para esas familias sino para las comunidades que han visto incrementar su inseguridad por la desconfianza hacia las autoridades. Desde el punto de vista económico también hay efectos negativos porque la salida de inmigrantes supone pérdida de trabajadores y de consumidores.
Y también figura el peligro del uso de perfiles raciales mediante el 287(g) y ‘Comunidades Seguras’. De hecho, los excesos de la aplicación del programa 287(g) y el uso de perfiles raciales por parte del alguacil Joe Arpaio, del Condado Maricopa en Arizona, han quedado al descubierto en el juicio que actualmente se sigue contra ese funcionario.
A los fiascos federales se han sumado los dolores de cabeza por las medidas migratorias estatales. La primera de ellas, la SB 1070 de Arizona que ha servido de modelo nacional, llegó al máximo tribunal de la nación y ahora grupos proinmigrantes y de derechos civiles pelean por impedir la entrada en vigor de la cláusula que tiene el potencial de que se usen perfiles raciales contra ciudadanos y residentes legales. De manera que para la comunidad inmigrante el anuncio de la acción diferida para los ‘dreamers’ es como un oasis en medio del desierto.
Para los detractores se trata de una amnistía, aunque la acción administrativa no contempla una vía de legalización, sólo un amparo temporal de la deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años. Se quejan del costo de implementación, pero no aclaran que cada joven tiene que pagar 465 dólares por solicitud. Se trata de jóvenes estudiantes o profesionales que de lo contrario permanecerán inmersos en la economía subterránea, sin oportunidades de progreso individual. Mientras no haya DREAM Act o reforma migratoria a nivel legislativo, se debe ‘arrear’ a nivel administrativo. Los ‘dreamers’ se alistan para solicitar el amparo que los coloque más cerca de su Sueño. En la carretera de dos vías, esperamos que el USCIS y el DHS no los frenen.
