Miles son los residentes legales que se quedan resagados por los costosque estos tienen actualmente

El paso a la ciudadanía es la culminación del recorrido del inmigrante que, después de esfuerzo y paciencia, quiere ser una parte integral del sistema estadounidense. Es un privilegio que permite a la persona participar en las decisiones políticas que afectan su vida y la de su familia.

Hay cerca de ocho millones de residentes legales en Estados Unidos que están en condición de solicitar la ciudadanía, después de haber cumplido los cinco años de residencia legal. En Texas viven muchas personas en esta situación.

La ciudadanía es la meta natural del inmigrante que establece una nueva vida en esta tierra. Por eso, organizaciones civiles, autoridades y colectivos civiles y medios de prensa hispanos respaldamos la “Iniciativa de los Nuevos Americanos” promovida por la Conferencia Nacional de Alcaldes. Esta iniciativa promueve la colaboración de las ciudades, con las organizaciones locales defensoras de los inmigrantes y las que promueven la ciudadanía. La colaboración es limitada a los recursos económicos, pero es bastante en términos sociales.

Algo es algo. Aunque la mayor dificultad no es la falta de entusiasmo entre los potenciales ciudadanos, sino el poder desembolsar los aproximadamente 680 dólares que cuesta el trámite. Este es un obstáculo cada vez más difícil de superar en una economía como la actual.

Por eso es hora de que al Servicio de Inmigración y Ciudadanía se le asigne un presupuesto del fondo general, como a cualquier otra agencia federal, en vez de hacer que sea ‘autosuficiente’. Esto lo obliga a cobrar tarifas demasiado elevadas en la necesidad de cubrir sus gastos.

Una de las quejas que se hace a los inmigrantes es su presunto desinterés en integrarse a la sociedad estadounidense. La realidad es todo lo contrario. Hay un gran interés en la ciudadanía, pero el trámite seguirá siendo costoso mientras que no se le dé al USCIS la prioridad presupuestaria que merece.